Guadalajara sobrepasa los dos desahucios diarios ante la inacción de Junta y Poder Judicial

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La cifra y el incremento es escalofriante. Cada día en la provincia de Guadalajara, los juzgados de primera instancia ejecutan al menos un desahucio por impago del alquiler. Si el año pasado se ejecutaron 264 desahucios diarios por este motivo (0.74 por día), los dos primeros trimestres del año han dado como saldo la cifra de 0.95 lanzamientos diarios, esto es, casi uno por día derivado de situaciones que tienen que ver con la imposibilidad de las familias de nuestra provincia de hacer frente al pago del alquiler.

Pero la situación empeora si analizamos los casos de ejecuciones hipotecarias. Si bien no siempre se trata de ejecuciones de familias, es muy relevante el dato. De los 288 desahucios por hipoteca durante todo el 2017, solo en los dos primeros trimestres de 2018 ya ha habido 195 lanzamientos por este motivo, esto es, una media de 1,05 desahucios por día en la provincia. Es decir, en Guadalajara vamos a 2 desahucios por dia por alquileres o hipotecas.

A falta de una estadística provincial, los datos que publican del año 2017 los registradores de la propiedad señalan un dato más que importante, y es que, por ejemplo, más del 15 % de las compraventas de vivienda en Castilla-La Mancha, esto es, viviendas adquiridas por fondos de inversión, lo que viene a ser “fondos buitre” y que adquieren vivienda usada con fines netamente especulativos. Y decimos vivienda usada porque, según los registradores, el 82,63 % de las viviendas adquiridas son de segunda mano.

A esta cifra gravísima habría que sumar la de los desahucios realizados por la vía penal, los llamados ‘procesos de usurpación’. Desde el año 2017 los deshaucios derivados de este tipo de procesos no se desglosan en la estadística judicial para nuestra provincia. No obstante, no cabe ninguna duda de que vienen derivados de la falta de recursos económicos que empujan a las familias al acceso precario de la vivienda. La interpretación de estos datos nos lleva a la conclusión de que ni en Guadalajara ni en Castilla-La Mancha existen políticas encaminadas a garantizar nuestro derecho a la vivienda, del mismo modo que ni el poder judicial ni las administraciones autonómica s parecen estar dispuestos a respetarlo.

 

Naciones Unidas pide a la Junta que ofrezca alternativas a Safira Sánchez de los Reyes

 

En el mes de septiembre, Naciones Unidas admitió a trámite una denuncia realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara en la que se instaba a España y al Juzgado de Primera Instancia nº1 de esta ciudad a que otorgara alternativa habitacional a nuestra compañera Safira, o que en su defecto, paralizara el desahucio. La solicitud del comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC) adoptaba esta decisión ante la inacción de la Junta de Castilla-La Mancha, quien ha sido requerida en reiteradas ocasiones a cumplir con sus obligaciones dado que el Reino de España es suscriptor de su Tratado constitutivo.

Ni el juzgado ni la Junta han acatado los términos de dicha comunicación a pesar de las circunstancias económicas de nuestra compañera, pensionista de la seguridad social con unos ingresos mensuales de 380 euros, y que como tantas otras familias no pueden acceder a una vivienda a precio de mercado. El panorama que nos encontramos diariamente en nuestro colectivo es precisamente éste: familias que no pueden hacer frente a las condiciones que los arrendadores o los bancos imponen para acceder a una vivienda digna.

El caso de Safira es un síntoma de cómo los bancos han sido los grandes beneficiarios de la política económica de este país. Safira recuperó una VPO que llevaba en el año 2014 al menos cinco años vacía. Había sido adquirida por Kutxabank en una ejecución hipotecaria, y a pesar de ser una VPO y de tener la obligación de ponerla en circulación a los valores máximos establecidos, decidió retenerla y mantenerla vacía hasta que transcurriera el período de protección. Una vez finalizado el plazo de exenciones fiscales, Kutxabank ha decidido denunciar a nuestra compañera para poder vender la vivienda a precio de mercado y continuar especulando con nuestro derecho a techo.

Con todo esto, desde PAH Guadalajara convocamos a todos los grupos de vivienda y movimientos sociales el próximo día 22 de octubre de 2018, a las 9:00 en la C/Salvador Allende nº2 de Guadalajara a parar el desahucio de Safira.

 

El caso de la Calle Alicante

 

Y a esto se le suma cómo los fondos de inversión inmobiliaria, ya sean propiedad de bancos españoles o de empresas extranjeras, han ido adquiriendo a bajo coste viviendas usadas para especular con ellas.

Este podría ser el retrato de cómo los fondos buitre han ido monopolizando el sector inmobiliario hasta asfixiar económicamente a las familias, y todo gracias a una administración que ha mirado para otro lado.
En el año 2007, la promotora Quabit comenzaba a ofrecer viviendas de VPO en alquiler en esta zona de la ciudad, gracias a la calificación de vivienda protegida otorgada por el entonces gobierno de Jose María Barreda, que permitió a la promotora de Félix Abánades construir en circunstancias claramente ventajosas.

Con alquileres plagados de sobreprecios y con una ausencia total de supervisión por parte de la Junta, en el año 2017, el fondo buitre del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria “Anida”, se hacía con esta promoción en una extraña operación de compraventa a precio de ganga, cuando faltaban pocos meses para que transcurriera el período de protección, momento en el cual Anida y su socia norteamericana Cerberus, empezaron una guerra sin cuartel contra las familias con el fin de que se fueran u ofreciendo precios de compraventa que en algunos casos cuadruplicaban el valor máximo legal establecido para una VPO.

 

Ejercer el derecho a la vivienda no es delito: la moción presentada por C’s en el Ayuntamiento de Guadalajara

 

En este marco, la estadística publicada por el CGPJ no debe sorprender a nadie. El colofón a estos atentados contra el derecho a la vivienda lo ha dado Alejandro Ruiz, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, con una propuesta claramente oportunista de ahondar en la persecución de quienes recuperan viviendas vacías ‘retenidas’ por los bancos. La moción que proponía C’s, apoyada por el PSOE con argumentos muy similares, ha hurgado en el aspecto más mediático de la recuperación de viviendas: “los problemas de convivencia”.

Si bien en Guadalajara no han existido problemas relevantes por parte de las familias que han recuperado viviendas propiedad de los bancos , la propuesta de este partido (como tantas otras que afectan a los derechos sociales) lo que realmente busca es perseguir y penalizar la lucha individual y colectiva de centenares de familias de nuesta provinciaque han sido expulsadas de sus viviendas en los últimos años y que han sido condenadas a la precariedad y a la clandestinidad, victimas inocentes del oligopolio inmobiliario y financiero. Lejos de resolver la escasez de oferta de viviendas accesibles, este tipo de propuestas lo que persigue es señalar a las familias más desfavorecidas como responsables de su situación . Una situación de extrema vulnerabilidad e inseguridad que en la mayoría de los casos, bien pudiera haberse evitado.

La lucha de la PAH en defensa del derecho a la vivienda tiene dos caminos: desde la reciente proposición de Ley que hemos llevado al Congreso de los Diputados y que ha sido admitida a trámite, que propone una batería de reformas del injusto mercado inmobiliario español, hasta la desobediencia civil frente a los abusos de los bancos y sus representantes políticos-sean del Partido que sean-, a quienes señalamos como únicos responsables de los desahucios, de la precariedad y de la ausencia de todas aquellas personas que no pudieron soportar sus ataques.

Por todas ellas, por las que no están y por nuestro futuro ,seguiremos luchando.

¡SÍ SE PUEDE!

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