I Encuentro de Mujeres en Lucha por el Derecho a la Vivienda

Como en todas las facetas de la vida, la mujer siempre es la más perjudicada cuando aparecen las desigualdades y las injusticias.

Cuatro de ellas, luchadoras de las que sólo se puede aprender, nos contarán sus experiencias y preocupaciones.

Participan:

  • Carmen Arnedo (PAH Móstoles)
  • Nani (PAH Corredor)
  • Julia y Eugenia (PAH Guadalajara)
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La PAH convoca a una protesta en la sucursal de Ibercaja en Brihuega por un intento de engaño a una afectada con una dación en pago

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Guadalajara ha convocado para el próximo 3 de marzo a las 11 horas una protesta frente a la sucursal que la entidad tiene en Brihuega, contra el intento de engaño a una afectada en un acuerdo de dación en pago, a quien intentaron convencer de que aceptara la entrega de su vivienda al banco a cambio de 3000 euros y sin alternativa habitacional, cuando el valor de subasta en caso de ejecución hipotecaria era mucho mayor. La entidad utilizó la condición de víctima de violencia de género de la vecina del municipio para que asumiera el acuerdo. Según la PAH, “es habitual que los bancos acudan a estas prácticas para conseguir de las mujeres afectadas la entrega de las viviendas en condiciones que normalmente nadie aceptaría”, por la cuál han lanzado en redes la campaña #ViolenciaHabitacional

Presiones a la afectada

La afectada, que en su día no pudo hacer frente a las cuotas del préstamo hipotecario que había adquirido con la que entonces era su pareja, solicitó en septiembre de 2019 acogerse al Código de Buenas Prácticas bancarias, solicitando el alquiler social a la entidad en un lugar alejado del núcleo del maltratador, en función de que Ibercaja es una de las entidades adheridas al Fondo Social de Viviendas.

Tras varias reuniones entre la PAH y la entidad, se interpuso una empresa gestora llamada Intrum quien a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, y a quien Ibercaja había cedido todos sus datos relativos a su orden de protección, presionó con mensajes insinuantes que aceptara una dación en pago sin alternativa habitacional, oferta que luego incluyó un pago de 3000 euros por el desalojo inmediato de la vivienda.

Fondo social de viviendas

Lo que nunca había transmitido esta gestoría era que la vivienda tenía establecido en su contrato hipotecario un valor de tasación de 117.000 euros que, en caso de que Ibercaja hubiera acudido al procedimiento de ejecución hipotecaria, hubiera supuesto inclusive tener que abonar una cuantía mayor a la afectada, cercano a los diez mil euros, por la diferencia entre el sobrante de una futura subasta y la deuda que le reclamaba.

El objetivo de esta gestoría contratada por Ibercaja Banco era evitar ante todo la reclamación judicial de la deuda, quedarse con la vivienda de la afectada y eludir la obligación que tenía de proporcionar una vivienda alternativa del Fondo al que la entidad pertenece. Y para ello, no dudaron en hacer uso de información confidencial proporcionada por la propia entidad y ocultarle que tenían la obligación de facilitar dicha vivenda

Promueven en redes el hashtag #ViolenciaHabitacional por el 8 de marzo

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca señalan que este tipo de prácticas “son habituales cuando las entidades encuentran a una víctima de violencia de género. La presionan para que firme acuerdos que en condiciones normales probablemente no firmaría nadie. Le insinúan que ” le hemos conseguido convecer” (en referencia al maltratador) pero que las condiciones tienen que ser estas” o que “no podemos hacer excepciones“. También denuncian que ha habido casos en los que ha sido desde la propia entidad quien ha recomendado retirar la denuncia al maltratador, y en concreto señalan un episodio que desde la Plataforma anuncian afecta a una entidad muy importante de esta provincia.

Por esto, y con motivo de la proximidad el próximo 8 de Marzo del Día Internacional de la Mujer, la PAH ha lanzado la campaña #ViolenciaHabitacional, señalan a las entidades financieras que abusan de la posición dominante y que terminan ejerciendo una violencia institucional, utilizando para ello el derecho a la vivienda de las víctimas.

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La Sociedad de San Vicente de Paul habría defraudado más de 41.000 euros al Ayuntamiento de Guadalajara

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha difundido una denuncia presentada en tres fiscalías diferentes (Anticorrupción, Castilla-La Mancha y Guadalajara) por la que se acusa a la entidad de un delito de fraude de subvenciones al percibir ayudas del Ayuntamiento de Guadalajara sin acreditar que la misma tenía otros cofinanciadores, lo que habría menguado notablemente el dinero percibido. El escrito y los documentos difundidos detallan cómo la Sociedad ocultó esta información al Ayuntamiento, e incluso en el ejercicio de 2018 llegó a falsificar un certificado donde se manifestaba que la misma carecía de otras fuentes de financiación, hecho que desde la PAH destacan como una falsedad, ya que cruzando los datos que obran en la Base de Datos Nacional de Subvenciones detectaron que el proyecto financiado ya se estaba subvencionando por la Diputación Provincial. Uno de los denunciantes es afectado por un desahucio el próximo 12 de marzo de 2020 en el Barrio del Alamín, que sería el cuarto intento de la entidad, que ha conseguido un auto por el que se estima desahuciarlo “provisionalmente”.

Documento de la denuncia: https://bit.ly/2ULDqz6

Fraude de subvenciones

Según la denuncia, la SSVP habría obtenido de manera irregular las subvenciones que al menos desde 2016 viene percibiendo del Ayuntamiento de Guadalajara, mediante la ocultación en sus solicitudes de la existencia de otros financiadores, públicos o privados, algo que de acuerdo a las bases de las ayudas, debía ser informado al momento de la solicitud.

En la denuncia se destaca el caso de la subvención de 2018, donde uno de los portavoces de la entidad, Ángel García Viejo, llega a “certificar” la inexistencia de cofinanciadores, a pesar de que el proyecto por el cuál la Sociedad sería beneficiaria de la subvención- la distribución de ayudas de emergencia social en Guadalajara- ya estaba siendo financiado por la Diputación Provincial, a quien le había otorgado un coste de financiación más rebajado. En total, y desde 2016, la cifra defraudada alcanzaría al menos los 41.520 euros.

Además, la denuncia pone de manifiesto el incumplimiento que esta entidad hace de la Ley de Transparencia, ya que de acuerdo a la misma, al ser una Fundación que percibe más de 100.000 euros al año en subvenciones de la Administración, tiene la obligación de publicar en formato accesible tanto las ayudas públicas que percibe, como los patrocinios privados, que el escrito afirma que existen pero que no se publican, lo que implicaría que la cantidad defraudada sería aún mayor.

Reforma del Código Penal

En marzo de 2019 entró en vigor una importante reforma del Código Penal por el cuál se estableció una pena atenuada en el llamado delito de fraude de subvenciones, que es lo que la denuncia achaca a la Sociedad.

Dicha reforma, que vino a establecerse como trasposición de varias directivas comunitarias que alertaban de la necesidad de atajar el fraude en las subvenciones cuya cuantía no superara los 100.000 euros, marcó como un delito atenuado la percepción indebida de ayudas públicas por valores superiores a 10.000 euros.

La reforma sería aplicable según el escrito a las subvenciones percibidas al menos en 2018 y 2019, ya que en ambos casos se acordó su justificación cuando ya había entrado en vigor el nuevo Código Penal. En el resto de años, cabe la opción por parte de las administraciones afectadas hasta ahora (Ayuntamiento y Diputación Provincial) procedan a exigir el reintegro de las sumas indebidas. No obstante, las personas que firman la denuncia han anunciado que remitirán la misma a cuantas administraciones hayan otorgado ayudas públicas similares.

Desahucio y protestas el 12 de marzo

Uno de los denunciantes está afectado por cuarta vez, por un nuevo intento de desahucio en el Barrio de Operación Alamín. El Juzgado de Primera Instancia nº4 de esta ciudad ha acordado nuevamente otra fecha de desahucio, que se ha fijado para las 8:30 de la mañana del próximo 12 de marzo. Sería el cuarto intento de desahucio que, recuerdan, ha sido acordado, de manera insólita, “provisionalmente”.

Nuevamente, activistas de la PAH se concentrarán desde la noche anterior en las inmediaciones del barrio, para protestar otra vez contra los desalojos en el mismo y denunciar a esta entidad como responsable de crear un ghetto en esta zona de Guadalajara.

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Los incidentes en el desahucio de #DiegoSeQueda fueron provocados

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La PAH llama a protestar contra los desahucios en el Alamín, a pesar de la contramanifestación convocada por la Sociedad de San Vicente de Paul

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara ha convocado desde las 22 horas del miércoles 18 de diciembre a hacer una vigilia contra el desahucio de un activista de la plataforma, señalado para las 8:30 de la mañana del día siguiente. La convocatoria se hace a pesar de que la Sociedad de San Vicente de Paúl ha llamado a sus fieles a otra manifestación en las puertas de la vivienda que pretende ser desalojada. Según la PAH, se trata de una provocación “propia de las organizaciones de extrema derecha” y llama a concentrarse pacíficamente y a no responder a la misma, ya que “la PAH no se dedica a responder provocaciones, sino a parar desahucios”. El lema es “Paremos a la mafia de San Vicente de Paúl” y piden traer ropa de abrigo y tiendas de campaña.

Según la resolución del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Guadalajara, la Comisión Judicial tiene prevista su llegada a las 8:30 de la mañana del jueves 19 de diciembre al Barrio del Alamín, para tomar posesión de la vivienda de un activista de la PAH sobre el que ha ordenado el desalojo provisional de la misma. Desde la noche del día anterior, activistas de la plataforma se concentrarán en la vivienda para dar apoyo a Diego, el activista demandado.

A pesar de esto, la Subdelegación del Gobierno, que el pasado 12 de noviembre prohibía una manifestación de la PAH junto a la vivienda e intentó trasladarla a varios cientos de metros de la zona, ha autorizado sin embargo otra convocada por la Sociedad de San Vicente de Paúl a las propias puertas de la vivienda. En el caso de la del 12 de noviembre, fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha quien desautorizó al Subdelegado del Gobierno, Ángel Canales, y reubicó la concentración junto a la vivienda del afectado.

Según el informe de la Policía Nacional remitido a la Subdelegación, la Sociedad pretende movilizar a otras familias del barrio con el fin de “apoyar la labor de la Comisión Judicial”, lo que desde la PAH se interpreta como “una provocación dirigida a generar incidentes y a provocar un enfrentamiento entre familias, que es propio de organizaciones de extrema derecha”. Frente a ello, la PAH “llama a movilizarse pacíficamente, a apoyar al activista al que pretenden arrebatar su vivienda y a seguir exigiendo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tome cartas en el asunto”.

Dos desahucios, paralizados hasta abril. El resto, silencio administrativo

Asimismo, dos de los desahucios previstos para el mes de enero han sido aplazados por los juzgados, por un plazo de 90 días, hasta tanto los servicios sociales del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Oficina de Intermediación Hipotecaria proporcionen alternativas a las familias afectadas en este Barrio.

En el caso de Diego, la Oficina de Intermediación Hipotecaria, dependiente de la Dirección Provincial de Fomento, dirigida por Teodoro Baldominos, ha recibido del afectado y del propio juzgado actuante el expediente de intervención, sin que por ahora haya habido actividad administrativa alguna en orden a proporcionar alternativas o evitar el desahucio. Tampoco los servicios sociales del Ayuntamiento de Guadalajara han realizado ninguna gestión en relación al desalojo ilegal de una familia con un bebé de 17 días de vida, ejecutado el pasado 4 de diciembre por miembros de la Sociedad y por miembros de la Fundación Red Madre, ya que según fuentes municipales “está agotado el crédito presupuestario”, pero sigue contando con ambas entidades para las políticas de acción social.

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Desalojos ilegales y opacidad: el Barrio del Alamín otra vez sacudido por la Sociedad de San Vicente de Paúl

  • La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara denuncia nuevas fechas de desahucio e irregularidades en el manejo de subvenciones que esta entidad percibe del Ayuntamiento de Guadalajara
  • El pasado 4 de diciembre, activistas de la Sociedad y de la Fundación Red Madre desahuciaron por la fuerza y sin orden judicial a una familia con un bebé de diez días y tiraron a la calle sus pertenencias. Ver vídeo.
  • La Sociedad ha convocado a sus fieles a contramanifestarse frente a la PAH el día del próximo desahucio en el Barrio, previsto para el 19 de diciembre a las 7:00 de la mañana. La PAH convoca desde el día anterior.
  • Unidas Podemos prepara una moción donde exige la creación de una Comisión de Investigación y pide la cesión de las viviendas a la JCCM.

Dossier de prensa: ver documento.

Señalan desde la PAH que la Sociedad de San Vicente de Paúl ha percibido desde el año 2010 en adelante más de 161.000 euros mediante un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, renovado anualmente, por el que la corporación delega en esta asociación la gestión de los “dispositivos de apoyo a familias en situación de crisis”. De acuerdo a los datos recabados por la Plataforma, en las justificaciones presentadas no consta ninguna memoria de actividades realizadas, relación alguna de acreedores a los que SSVP habría abonado gastos con cargo a esta subvención (arrendadores, entidades financieras, entidades de suministros de luz o agua., etc.) ni justificantes de gastos realizados.

La situación se agrava cuando se aprecia en la documentación justificativa aportada que la SSVP percibe subvenciones para el pago de alquileres, mientras por otro lado insta demandas de desahucio por impago del alquiler, demandas que, por otro lado, no aportan ninguna clase de desglose de la contabilidad sobre ellos. También han detectado que los alquileres que pagan las 96 familias no son declarados a Hacienda ni se tiene ninguna constancia de su número e importe, ya que tampoco constan registrados en el depósito de fianzas de la Junta de Castilla-La Mancha. Públicamente afirman que cobran como precio máximo de alquiler 50€ cuando se han detectado alquileres de en torno a los 100 euros al mes.

Por estos hechos, desde la Plataforma se está preparando una denuncia penal.

Desahucio de una familia por la fuerza

La PAH, la Plataforma Feminista y el Sindicato Solidaridad Obrera han difundido un vídeo en el que voluntarios de la Fundación Red Madre y la Sociedad de San Vicente de Paul han desalojado a una familia con un bebé de apenas diez días que residía en una de las viviendas, cambiando la cerradura y arrojando la ropa y los enseres de la madre y su hijo a la calle. En el vídeo se vé a una activista de ambas entidades afirmando “dormir tranquila” cuando la afectada le reprocha haber sido desalojada ilegalmente.

La vivienda proporcionada por Red Madre, que tiene defectos estructurales como ausencia de ventanas y humedades que abarcan prácticamente toda la vivienda, es una de las que ambas entidades tienen destinadas a lo que la organización antiabortista llama “apoyo a la maternidad”. Los hechos han sido denunciados penalmente.

La SSVP convoca a manifestarse contra la PAH el próximo 19 de diciembre

La Sociedad de San Vicente de Paúl ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno la celebración de una concentración “con objeto de apoyar a la Comisión Judicial” que va a reanudar el desahucio que inicialmente se había programado el pasado 12 de noviembre, pero que fue suspendido por la presión social.

Según el informe remitido por la Policía Nacional a la Subdelegación, el objetivo de esta contramanifestación a la que ha convocado la PAH incluye “sumar a familias adjudicatarias de las viviendas” y que según denuncia la PAH “pretende enfrentar a unas familias con otras”. La PAH ha convocado para ese día una nueva vigilia desde primera hora de la noche para acompañar a la persona afectada bajo la premisa de “no caer en ninguna provocación y ejercer el derecho a la protesta”.

Unidas Podemos solicitará una Comisión de Investigación

En el próximo pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, el grupo municipal de Unidas Podemos presentará una moción en la que se insta a la corporación a la convocatoria de la Comisión de Transparencia o se abra una Comisión de Investigación en la que “se analice en profundidad las ayudas públicas que ha recibido la Sociedad de San Vicente de Paul y su procedimiento” y donde se inste a la Consejería de Vivienda de la JCCM a poner en marcha una mesa de trabajo con la participación de SSVP y las vecinas y vecinos con el objeto de la cesión de esas viviendas a la Junta.

También se insiste en la necesidad de la paralización de todos los procesos de desahucio hasta tanto no se aclare hasta qué punto la SSVP ha actuado legalmente y como forma de aliviar la tensión en el barrio.

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Infografía: ¿Qué está ocurriendo en el Barrio del Alamín?

El 12 de noviembre hay señalados en el Barrio de Operación Alamín 3 desahucios instados por la Sociedad de San Vicente de Paúl. Dos de ellos han sido aplazados, a la espera de nueva fecha, por estar tramitándose su solicitud de asistencia jurídica gratuita, y el tercero restante es una ejecución provisional de desahucio, a pesar de que el Tribunal Supremo todavía no ha resuelto el recurso de casación que ha formulado la familia afectada, el cuál tiene que decidir a quién corresponde la propiedad de esas viviendas.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha convocado un acompañamiento durante toda la noche y una cacerolada desde primera hora de la mañana.

Infografía:

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El conflicto de fondo

Estas viviendas fueron construidas en la década de 1960 bajo el régimen jurídico de Viviendas de Renta Limitada, nombre que tenía entonces el sistema de Viviendas de Protección Oficial. Si bien en otras provincias de España el promotor fue directamente el Instituto Nacional de la Vivienda, en Guadalajara el sistema consistía en que una entidad pública o privada podía convertirse en promotor de vivienda protegida (parroquias, sindicatos, empresas, etc.).

Así ocurrió, por ejemplo, con el Barrio de Adoratrices o la Colonia de Sanz Vázquez, donde el promotor podía ser el Ayuntamiento o el Sindicato Vertical, a través de su Obra Sindical del Hogar. En Operación Alamín, la Sociedad de San Vicente de Paúl obtuvo la subvención para construir estas viviendas sobre un terreno donado por la Condesa Viuda de Romanones para este fin. En 1962, el Ministerio de la Vivienda calificó definitivamente esas casas como protegidas, y se hicieron las correspondientes entregas de llaves.

Según el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, el 95% de la inversión se sufragó con una subvención a fondo perdido, y el 5% restante mediante una campaña de donaciones realizada por Radio Juventud, uno de los órganos de la Falange.

Las viviendas nunca fueron transferidas

Este régimen jurídico consistía en que, tras el abono del préstamo hipotecario concedido por el Estado a la Sociedad de San Vicente de Paúl, que a su vez se pagaba con las cuotas de alquiler que abonaban las familias, ésta debía otorgar las escrituras de compraventa en favor de las adjudicatarias, cosa que nunca ocurrió.

La propiedad fue retenida por esta entidad, que siguió cobrando alquileres y percibiendo subvenciones por el uso y mantenimiento de estas viviendas, y poco a poco fue desalojando a las familias originalmente adjudicatarias. En su lugar fueron ocupando estas viviendas otras familias sin recursos y mediante alquileres no declarados en unidades habitacionales en estado ruinoso.

Irregularidades contables

Según manifestó en enero de 2018 en un pleno del Ayuntamiento el ex alcalde de Guadalajara, Antonio Román (PP), la Sociedad ha percibido en los últimos años decenas de miles de euros para el mantenimiento de estas viviendas. Pero consultada a la Unidad de Transparencia de esta corporación, no se ha podido verificar nunca si dichos pagos han sido justificados. Tampoco hay ningún alquiler registrado en el depósito de fianzas de la Junta de Castilla-La Mancha, y los ingresos por alquiler tampoco son declarados a la Agencia Tributaria.

A la opacidad en la percepción de ingresos que tiene esta entidad, hay que sumar que la misma tiene especiales obligaciones en materia de publicidad de cuentas. Al ser una entidad que percibe más de 100.000 euros anuales de diferentes Administraciones Públicas, tiene la obligación de ofrecer en formato accesible el destino de las mismas, que tampoco lo hace.

Los desahucios del 12 de noviembre

Los desahucios inicialmente previstos para esa fecha afectan por ahora a tres familias del barrio, aunque se esperan más en las próximas semanas. Uno afecta a una familia monomarental en situación de desempleo, cuyo hijo tiene una discapacidad reconocida. Otro afecta al nieto de una de las primeras familias que llegó al barrio tras la adjudicación, en el que reside desde 2001.

Y el tercero pesa sobre un matrimonio, también con uno de los cómyuges con discapacidad reconocida y en desempleo, cuatro hijos y con graves enfermedades. En estos tres casos hay un especial interés de la Sociedad de San Vicente de Paúl en su desalojo, al ser familias que han decidido organizarse en torno a la PAH.

Estos desahucios se producen en el marco de las negociaciones para la cesión de las viviendas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y pendientes de que el Tribunal Supremo resuelva los dos expedientes donde se discute, entre otras cosas, si la Sociedad de San Vicente de Paúl puede seguir reteniendo la propiedad de este Barrio.

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Se inicia la ronda de contactos para destrabar el conflicto de las viviendas de San Vicente de Paul

Durante esta semana y hasta el jueves 17 de octubre, el Ayuntamiento de Guadalajara va a reunirse con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, y con vecinos del barrio de Operación Alamín con el fin de facilitar el cumplimiento de la moción presentada en su día por el Grupo Municipal Socialista para la cesión a la Junta y a sus adjudicatarios de las 96 viviendas de esta promoción. La Junta de Gobierno denunció en el Pleno del pasado 27 de septiembre que este asunto se encontraba dentro del grupo de “expedientes cerrados, lo que implica que el Partido Popular no hizo absolutamente nada” en ese tiempo.

El Concejal de Vivienda, Rafael Pérez Borda ha abierto un período de consultas también con la Sociedad de San Vicente de Paul. Según la moción aprobada en 2018, se instaba al Alcalde de Guadalajara “a que contacte con la Sociedad San Vicente de Paúl en España”, con la Diputación Provincial de Guadalajara, con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con el Gobierno de España para poner a disposición de todas las familias que viven desde su primera adjudicación, la documentación y el asesoramiento necesario para que puedan defender sus derechos en relación con la “Operación Alamín” de las 96 viviendas comprendidas por las calles Valencia, Ávila y Bilbao de nuestra ciudad”.

Concentración el 12 de noviembre desde las 7 de la mañanavecinos

Al menos ocho vecinos y vecinas de este barrio van a ser desahuciados en los próximos días en Guadalajara, motivo por el que la PAH ha convocado una concentración a las puertas del Centro de Salud del Alamín el próximo 12 de noviembre, fecha en la que hay certeza de uno de ellos. El objetivo de esta concentración será repudiar y documentar gráficamente la actuación de la Sociedad de San Vicente de Paul, tal y como viene denunciando la PAH desde hace años. Y es que esta entidad gestiona irregularmente estas viviendas, a pesar de que ha recibido ayudas públicas y subvenciones de toda clase.

De igual manera, se ha solicitado en trámite de información pública tanto al Ayuntamiento de Guadalajara como al Ministerio del Interior, el informe justificativo del destino dado por esta entidad a las subvenciones percibidas y al que obliga el art. 3 de la Ley de Transparencia, dado que la Sociedad de San Vicente de Paul no hace públicas sus cuentas.

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Se celebra en Guadalajara el primer juicio al Banco Santander por tasaciones irregulares

2019080212582783303El juzgado de primera instancia nº 2 de Guadalajara, a cargo del magistrado Carlos Jesús García Requena, ha señalado vista para el próximo miércoles 18 a las 9:45, que enfrenta a una activista de la PAH y al Banco Santander.

La afectada detectó en un taller impartido por la Plataforma que la tasación de su hipoteca se había realizado mediante una metodología que incorporó datos erróneos y utilizó inmuebles testigo que, al comprobarlos, eran inexistentes y que incluían la vivienda de la madre de la afectada.

El Banco se enfrenta a una condena que podría declarar la nulidad de todo el préstamo hipotecario. El juicio se celebrará en audiencia pública en la sala de vistas del propio juzgado (Planta 4, Pza. Beladíez s/n).

  • El Tribunal Supremo ya prohibió a Hacienda el uso de esta metodología desde el año 2015.
  • Declararán los autores de la tasación y un perito.
  • El Banco se enfrenta a una posible declaración de mala fe y a pérdidas de decenas de miles de euros

El caso comenzó en el año 2004, cuando la familia afectada adquirió una vivienda en el municipio de Hita por un valor de tasación 147.000€ mediante una hipoteca otorgada con el antiguo Banesto, actualmente absorbido por el Banco Santander. Es a partir de la celebración de un taller impartido por la PAH, de lectura y comprensión de escrituras hipotecarias y de cómo se valoran las deudas de los bancos, cuando la afectada detectó irregularidades en la tasación que determinó el valor del crédito hipotecario.

Las irregularidades expuestas en la demanda consistían en otorgar un valor al inmueble mediante su comparación con otros inmuebles a la venta. Pero al comprobar los mismos, la afectada comprobó que no existían. Si bien los hechos podrían haber constituido en su momento un delito de falsedad en documento mercantil, el paso del tiempo no ha impedido que el Banco y la entidad de tasación, GESVALT S.A., puedan ser condenadas a devolver las cuantías abonadas por la familia afectada.

Así, de un total de 12 viviendas testigo utilizadas para determinar el valor medio a escriturar en el préstamo hipotecario por “método de comparación”, solamente una coincide con la información proporcionada por el Catastro Inmobiliario y que, sorprendentemente, es la vivienda a hipotecar.

En la demanda aparece desde viviendas que no habían sido construidas en el momento de la tasación hasta otras en que la empresa encargada de la valoración agregó m2 con la finalidad de alterar el resultado. El entonces Banco Banesto incorporó además como aval la casa de la madre de la afectad, cuya tasación también pudo comprobarse tenía los mismos fallos. La demanda además solicita la expresa declaración de mala fe de estas entidades en un pleito que puede abrir la vía de la revisión de miles de contratos similares.

El Tribunal Supremo, en una Sentencia de 26 de noviembre de 2015, prohibió a la Hacienda Pública utilizar esta metodología a la hora de realizar las comprobaciones de valor de fincas precisamente por la indefensión a la que sometía a las personas interesadas, ya que en la mayoría de las ocasiones los inmuebles utilizados como testigos no se justificaban ni se acreditaban.

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Un juzgado de Guadalajara prohibe a la PAH hacer fotos de desahucios

13junioPRUEBA

La jueza Cristina Guerra Pérez, titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara, ha dictado una medida cautelar por la que se ordena a Twitter y Facebook retirar imágenes de la Comisión Judicial que el 26 de marzo de este año desahució a dos jóvenes y un bebé de las casas de la Sociedad de San Vicente de Paul en el Barrio del Alamín, ha prohibido a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hacer fotos en el futuro de los próximos lanzamientos y ha imputado a un compañero un delito de “revelación de secretos” por estos hechos.

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La jueza Cristina Guerra

El auto, fechado el 4 de abril de este año, acuerda “la Retirada inmediata de las fotos
así como de los comentarios relacionados que se hayan incluido en las redes sociales Twitter, Facebook, así como en la propia página web de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Guadalajara, respecto a la actuación el pasado 26 de marzo de la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Guadalajara, en el lanzamiento de la vivienda sita en la calle Avila no 4, bajo derecha de Guadalajara“.

Además prohibe a los integrantes de la Plataforma hacer fotografías en el futuro. La jueza lo ordena “requiriéndoles para que se abstengan en lo sucesivo de volver a publicar fotos de los integrantes de la Comisión Judicial y comentarios similares respecto a este desempeño de su función en esta actuación“, bajo apercibimiento de imputar un delito de desobediencia, lo que en la práctica supone una prohibición radical de tomar fotos de cualquier desahucio que se practique en Guadalajara.

El motivo de estas actuaciones es una denuncia realizada por la Directora del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, María Gómez García, en la que argumenta que las fotografías difundidas desde las redes sociales de la PAH el día de ese desahucio suponen una amenaza para el personal a su cargo, y que derivado de su actuación, puede verse comprometida su seguridad en el futuro.

El próximo jueves 13 de junio a las 11:30, el compañero imputado tendrá que declarar en calidad de investigado por estos hechos, momento en que la PAH de Guadalajara ha convocado a la puerta de los juzgados de Guadalajara (Pza. Beladíez s/n) una rueda de prensa para valorar estos hechos, que son un grave atentado contra la libertad de expresión.

 

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