El 12 de noviembre hay señalados en el Barrio de Operación Alamín 3 desahucios instados por la Sociedad de San Vicente de Paúl. Dos de ellos han sido aplazados, a la espera de nueva fecha, por estar tramitándose su solicitud de asistencia jurídica gratuita, y el tercero restante es una ejecución provisional de desahucio, a pesar de que el Tribunal Supremo todavía no ha resuelto el recurso de casación que ha formulado la familia afectada, el cuál tiene que decidir a quién corresponde la propiedad de esas viviendas.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha convocado un acompañamiento durante toda la noche y una cacerolada desde primera hora de la mañana.
Infografía:
El conflicto de fondo
Estas viviendas fueron construidas en la década de 1960 bajo el régimen jurídico de Viviendas de Renta Limitada, nombre que tenía entonces el sistema de Viviendas de Protección Oficial. Si bien en otras provincias de España el promotor fue directamente el Instituto Nacional de la Vivienda, en Guadalajara el sistema consistía en que una entidad pública o privada podía convertirse en promotor de vivienda protegida (parroquias, sindicatos, empresas, etc.).
Así ocurrió, por ejemplo, con el Barrio de Adoratrices o la Colonia de Sanz Vázquez, donde el promotor podía ser el Ayuntamiento o el Sindicato Vertical, a través de su Obra Sindical del Hogar. En Operación Alamín, la Sociedad de San Vicente de Paúl obtuvo la subvención para construir estas viviendas sobre un terreno donado por la Condesa Viuda de Romanones para este fin. En 1962, el Ministerio de la Vivienda calificó definitivamente esas casas como protegidas, y se hicieron las correspondientes entregas de llaves.
Según el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, el 95% de la inversión se sufragó con una subvención a fondo perdido, y el 5% restante mediante una campaña de donaciones realizada por Radio Juventud, uno de los órganos de la Falange.
Las viviendas nunca fueron transferidas
Este régimen jurídico consistía en que, tras el abono del préstamo hipotecario concedido por el Estado a la Sociedad de San Vicente de Paúl, que a su vez se pagaba con las cuotas de alquiler que abonaban las familias, ésta debía otorgar las escrituras de compraventa en favor de las adjudicatarias, cosa que nunca ocurrió.
La propiedad fue retenida por esta entidad, que siguió cobrando alquileres y percibiendo subvenciones por el uso y mantenimiento de estas viviendas, y poco a poco fue desalojando a las familias originalmente adjudicatarias. En su lugar fueron ocupando estas viviendas otras familias sin recursos y mediante alquileres no declarados en unidades habitacionales en estado ruinoso.
Irregularidades contables
Según manifestó en enero de 2018 en un pleno del Ayuntamiento el ex alcalde de Guadalajara, Antonio Román (PP), la Sociedad ha percibido en los últimos años decenas de miles de euros para el mantenimiento de estas viviendas. Pero consultada a la Unidad de Transparencia de esta corporación, no se ha podido verificar nunca si dichos pagos han sido justificados. Tampoco hay ningún alquiler registrado en el depósito de fianzas de la Junta de Castilla-La Mancha, y los ingresos por alquiler tampoco son declarados a la Agencia Tributaria.
A la opacidad en la percepción de ingresos que tiene esta entidad, hay que sumar que la misma tiene especiales obligaciones en materia de publicidad de cuentas. Al ser una entidad que percibe más de 100.000 euros anuales de diferentes Administraciones Públicas, tiene la obligación de ofrecer en formato accesible el destino de las mismas, que tampoco lo hace.
Los desahucios del 12 de noviembre
Los desahucios inicialmente previstos para esa fecha afectan por ahora a tres familias del barrio, aunque se esperan más en las próximas semanas. Uno afecta a una familia monomarental en situación de desempleo, cuyo hijo tiene una discapacidad reconocida. Otro afecta al nieto de una de las primeras familias que llegó al barrio tras la adjudicación, en el que reside desde 2001.
Y el tercero pesa sobre un matrimonio, también con uno de los cómyuges con discapacidad reconocida y en desempleo, cuatro hijos y con graves enfermedades. En estos tres casos hay un especial interés de la Sociedad de San Vicente de Paúl en su desalojo, al ser familias que han decidido organizarse en torno a la PAH.
Estos desahucios se producen en el marco de las negociaciones para la cesión de las viviendas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y pendientes de que el Tribunal Supremo resuelva los dos expedientes donde se discute, entre otras cosas, si la Sociedad de San Vicente de Paúl puede seguir reteniendo la propiedad de este Barrio.
El juzgado de primera instancia nº 2 de Guadalajara, a cargo del magistrado Carlos Jesús García Requena, ha señalado vista para el próximo miércoles 18 a las 9:45, que enfrenta a una activista de la PAH y al Banco Santander.
Plataforma Afectados por La Hipoteca Guadalajara 