Se celebra en Guadalajara el primer juicio al Banco Santander por tasaciones irregulares

2019080212582783303El juzgado de primera instancia nº 2 de Guadalajara, a cargo del magistrado Carlos Jesús García Requena, ha señalado vista para el próximo miércoles 18 a las 9:45, que enfrenta a una activista de la PAH y al Banco Santander.

La afectada detectó en un taller impartido por la Plataforma que la tasación de su hipoteca se había realizado mediante una metodología que incorporó datos erróneos y utilizó inmuebles testigo que, al comprobarlos, eran inexistentes y que incluían la vivienda de la madre de la afectada.

El Banco se enfrenta a una condena que podría declarar la nulidad de todo el préstamo hipotecario. El juicio se celebrará en audiencia pública en la sala de vistas del propio juzgado (Planta 4, Pza. Beladíez s/n).

  • El Tribunal Supremo ya prohibió a Hacienda el uso de esta metodología desde el año 2015.
  • Declararán los autores de la tasación y un perito.
  • El Banco se enfrenta a una posible declaración de mala fe y a pérdidas de decenas de miles de euros

El caso comenzó en el año 2004, cuando la familia afectada adquirió una vivienda en el municipio de Hita por un valor de tasación 147.000€ mediante una hipoteca otorgada con el antiguo Banesto, actualmente absorbido por el Banco Santander. Es a partir de la celebración de un taller impartido por la PAH, de lectura y comprensión de escrituras hipotecarias y de cómo se valoran las deudas de los bancos, cuando la afectada detectó irregularidades en la tasación que determinó el valor del crédito hipotecario.

Las irregularidades expuestas en la demanda consistían en otorgar un valor al inmueble mediante su comparación con otros inmuebles a la venta. Pero al comprobar los mismos, la afectada comprobó que no existían. Si bien los hechos podrían haber constituido en su momento un delito de falsedad en documento mercantil, el paso del tiempo no ha impedido que el Banco y la entidad de tasación, GESVALT S.A., puedan ser condenadas a devolver las cuantías abonadas por la familia afectada.

Así, de un total de 12 viviendas testigo utilizadas para determinar el valor medio a escriturar en el préstamo hipotecario por “método de comparación”, solamente una coincide con la información proporcionada por el Catastro Inmobiliario y que, sorprendentemente, es la vivienda a hipotecar.

En la demanda aparece desde viviendas que no habían sido construidas en el momento de la tasación hasta otras en que la empresa encargada de la valoración agregó m2 con la finalidad de alterar el resultado. El entonces Banco Banesto incorporó además como aval la casa de la madre de la afectad, cuya tasación también pudo comprobarse tenía los mismos fallos. La demanda además solicita la expresa declaración de mala fe de estas entidades en un pleito que puede abrir la vía de la revisión de miles de contratos similares.

El Tribunal Supremo, en una Sentencia de 26 de noviembre de 2015, prohibió a la Hacienda Pública utilizar esta metodología a la hora de realizar las comprobaciones de valor de fincas precisamente por la indefensión a la que sometía a las personas interesadas, ya que en la mayoría de las ocasiones los inmuebles utilizados como testigos no se justificaban ni se acreditaban.

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Un juzgado de Guadalajara prohibe a la PAH hacer fotos de desahucios

13junioPRUEBA

La jueza Cristina Guerra Pérez, titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara, ha dictado una medida cautelar por la que se ordena a Twitter y Facebook retirar imágenes de la Comisión Judicial que el 26 de marzo de este año desahució a dos jóvenes y un bebé de las casas de la Sociedad de San Vicente de Paul en el Barrio del Alamín, ha prohibido a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hacer fotos en el futuro de los próximos lanzamientos y ha imputado a un compañero un delito de “revelación de secretos” por estos hechos.

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La jueza Cristina Guerra

El auto, fechado el 4 de abril de este año, acuerda “la Retirada inmediata de las fotos
así como de los comentarios relacionados que se hayan incluido en las redes sociales Twitter, Facebook, así como en la propia página web de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Guadalajara, respecto a la actuación el pasado 26 de marzo de la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Guadalajara, en el lanzamiento de la vivienda sita en la calle Avila no 4, bajo derecha de Guadalajara“.

Además prohibe a los integrantes de la Plataforma hacer fotografías en el futuro. La jueza lo ordena “requiriéndoles para que se abstengan en lo sucesivo de volver a publicar fotos de los integrantes de la Comisión Judicial y comentarios similares respecto a este desempeño de su función en esta actuación“, bajo apercibimiento de imputar un delito de desobediencia, lo que en la práctica supone una prohibición radical de tomar fotos de cualquier desahucio que se practique en Guadalajara.

El motivo de estas actuaciones es una denuncia realizada por la Directora del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, María Gómez García, en la que argumenta que las fotografías difundidas desde las redes sociales de la PAH el día de ese desahucio suponen una amenaza para el personal a su cargo, y que derivado de su actuación, puede verse comprometida su seguridad en el futuro.

El próximo jueves 13 de junio a las 11:30, el compañero imputado tendrá que declarar en calidad de investigado por estos hechos, momento en que la PAH de Guadalajara ha convocado a la puerta de los juzgados de Guadalajara (Pza. Beladíez s/n) una rueda de prensa para valorar estos hechos, que son un grave atentado contra la libertad de expresión.

 

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Manifestación el próximo 6 de abril: Stop Desahucios, ¡Diego se queda!

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#DiegoSeQueda: La Sociedad de San Vicente de Paul reanuda los desahucios en Guadalajara

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La Sociedad de San Vicente de Paul (SSVP), a través de su abogado Juan Taberné Abad, ha reanudado los desahucios de varias viviendas de este barrio a pesar de que el Ayuntamiento de Guadalajara, el 26 de enero de 2018 aprobó una moción en su contra. Si bien hay varias familias ya demandadas, el día 9 de abril a las 12 del mediodía está señalado el desahucio de Diego, nieto de la primera generación de adjudicatarios.

Esta zona, construida en la década de 1960 con fondos públicos junto con otros grupos de vivienda de la ciudad (Alto Alamín, Adoratrices, La Gavina, etc.) tenía como finalidad facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a las familias beneficiarias. Todos los barrios de Guadalajara lograron su objetivo. Todos los grupos de viviendas de las antiguas VPO’s fueron entregadas y transferidas a sus propietarios, excepto en el caso las casas de San Vicente de Paul.

Tras ser abonado el préstamo hipotecario concedido por la Administración para su construcción, las condiciones legales establecían que dichas viviendas debían ser entregadas a las familias adjudicatarias. Éstas, compuestas en su mayoría por personas sin conocimientos jurídicos y de avanzada edad, nunca alcanzaron a obtener la propiedad, a pesar de haberlas pagado. Muchas de ellas fueron falleciendo y la Sociedad de San Vicente de Paul fue quedándose con estas casas. Hoy todos los hijos o nietos se encuentran en riesgo de ser expulsados de ellas, ya que en ningún caso se les reconoce la condición de herederos.

Pero además, la Sociedad de San Vicente de Paul ha ido haciendo negocio de éstas viviendas, realquilándolas y percibiendo subvenciones nunca justificadas por una supuesta labor caritativa en casas deterioradas y que en algunos casos son inhabitables, aprovechando la extrema necesidad de muchas de las familias que las ocupan. Se ha apropiado de las ayudas de vivienda que percibían muchos de sus inquilinos y ha hecho maniobras de presión para expulsar a los adjudicatarios incómodos, como Diego, o como en el caso de Fefi, intentándolo desahuciar de una vivienda que no es suya.

Diego es uno de los nietos de los antiguos adjudicatarios que, tras investigar los archivos de varias administraciones públicas y la prensa de la época, consiguió localizar las evidencias de cómo la Sociedad de San Vicente de Paul se ha apropiado de esas casas, ubicadas ahora en unos terrenos cuyo valor se ha multiplicado en los últimos años. La hemeroteca del Nueva Alcarria o el desaparecido Flores y Abejas atestiguan cómo esta entidad de la Iglesia Católica se ha quedado con unas viviendas que tendrían que tener el mismo destino que otras tantas viviendas protegidas de esa época en Guadalajara.

En estas condiciones, el Juzgado de Primera Instancia nº4 de esta ciudad ha ordenado el desahucio de Diego para el próximo 9 de abril de 2019 a las 12:00, y próximamente vendrá el de Fefi, que fue suspendido el pasado 5 de marzo, y otras tantas familias que han recibido ya demandas o requerimientos, por lo que te pedimos que difundas esta información y nos apoyes. Esta entidad ha conseguido su impunidad gracias al oscurantismo y el silencio. Conocer estos hechos puede servir para que varias familias de esta ciudad no se queden en la calle.

#DiegoSeQueda

#FefiSeQueda

#AlaminNoSeVende

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Guadalajara sobrepasa los dos desahucios diarios ante la inacción de Junta y Poder Judicial

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La cifra y el incremento es escalofriante. Cada día en la provincia de Guadalajara, los juzgados de primera instancia ejecutan al menos un desahucio por impago del alquiler. Si el año pasado se ejecutaron 264 desahucios diarios por este motivo (0.74 por día), los dos primeros trimestres del año han dado como saldo la cifra de 0.95 lanzamientos diarios, esto es, casi uno por día derivado de situaciones que tienen que ver con la imposibilidad de las familias de nuestra provincia de hacer frente al pago del alquiler.

Pero la situación empeora si analizamos los casos de ejecuciones hipotecarias. Si bien no siempre se trata de ejecuciones de familias, es muy relevante el dato. De los 288 desahucios por hipoteca durante todo el 2017, solo en los dos primeros trimestres de 2018 ya ha habido 195 lanzamientos por este motivo, esto es, una media de 1,05 desahucios por día en la provincia. Es decir, en Guadalajara vamos a 2 desahucios por dia por alquileres o hipotecas.

A falta de una estadística provincial, los datos que publican del año 2017 los registradores de la propiedad señalan un dato más que importante, y es que, por ejemplo, más del 15 % de las compraventas de vivienda en Castilla-La Mancha, esto es, viviendas adquiridas por fondos de inversión, lo que viene a ser “fondos buitre” y que adquieren vivienda usada con fines netamente especulativos. Y decimos vivienda usada porque, según los registradores, el 82,63 % de las viviendas adquiridas son de segunda mano.

A esta cifra gravísima habría que sumar la de los desahucios realizados por la vía penal, los llamados ‘procesos de usurpación’. Desde el año 2017 los deshaucios derivados de este tipo de procesos no se desglosan en la estadística judicial para nuestra provincia. No obstante, no cabe ninguna duda de que vienen derivados de la falta de recursos económicos que empujan a las familias al acceso precario de la vivienda. La interpretación de estos datos nos lleva a la conclusión de que ni en Guadalajara ni en Castilla-La Mancha existen políticas encaminadas a garantizar nuestro derecho a la vivienda, del mismo modo que ni el poder judicial ni las administraciones autonómica s parecen estar dispuestos a respetarlo.

 

Naciones Unidas pide a la Junta que ofrezca alternativas a Safira Sánchez de los Reyes

 

En el mes de septiembre, Naciones Unidas admitió a trámite una denuncia realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara en la que se instaba a España y al Juzgado de Primera Instancia nº1 de esta ciudad a que otorgara alternativa habitacional a nuestra compañera Safira, o que en su defecto, paralizara el desahucio. La solicitud del comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC) adoptaba esta decisión ante la inacción de la Junta de Castilla-La Mancha, quien ha sido requerida en reiteradas ocasiones a cumplir con sus obligaciones dado que el Reino de España es suscriptor de su Tratado constitutivo.

Ni el juzgado ni la Junta han acatado los términos de dicha comunicación a pesar de las circunstancias económicas de nuestra compañera, pensionista de la seguridad social con unos ingresos mensuales de 380 euros, y que como tantas otras familias no pueden acceder a una vivienda a precio de mercado. El panorama que nos encontramos diariamente en nuestro colectivo es precisamente éste: familias que no pueden hacer frente a las condiciones que los arrendadores o los bancos imponen para acceder a una vivienda digna.

El caso de Safira es un síntoma de cómo los bancos han sido los grandes beneficiarios de la política económica de este país. Safira recuperó una VPO que llevaba en el año 2014 al menos cinco años vacía. Había sido adquirida por Kutxabank en una ejecución hipotecaria, y a pesar de ser una VPO y de tener la obligación de ponerla en circulación a los valores máximos establecidos, decidió retenerla y mantenerla vacía hasta que transcurriera el período de protección. Una vez finalizado el plazo de exenciones fiscales, Kutxabank ha decidido denunciar a nuestra compañera para poder vender la vivienda a precio de mercado y continuar especulando con nuestro derecho a techo.

Con todo esto, desde PAH Guadalajara convocamos a todos los grupos de vivienda y movimientos sociales el próximo día 22 de octubre de 2018, a las 9:00 en la C/Salvador Allende nº2 de Guadalajara a parar el desahucio de Safira.

 

El caso de la Calle Alicante

 

Y a esto se le suma cómo los fondos de inversión inmobiliaria, ya sean propiedad de bancos españoles o de empresas extranjeras, han ido adquiriendo a bajo coste viviendas usadas para especular con ellas.

Este podría ser el retrato de cómo los fondos buitre han ido monopolizando el sector inmobiliario hasta asfixiar económicamente a las familias, y todo gracias a una administración que ha mirado para otro lado.
En el año 2007, la promotora Quabit comenzaba a ofrecer viviendas de VPO en alquiler en esta zona de la ciudad, gracias a la calificación de vivienda protegida otorgada por el entonces gobierno de Jose María Barreda, que permitió a la promotora de Félix Abánades construir en circunstancias claramente ventajosas.

Con alquileres plagados de sobreprecios y con una ausencia total de supervisión por parte de la Junta, en el año 2017, el fondo buitre del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria “Anida”, se hacía con esta promoción en una extraña operación de compraventa a precio de ganga, cuando faltaban pocos meses para que transcurriera el período de protección, momento en el cual Anida y su socia norteamericana Cerberus, empezaron una guerra sin cuartel contra las familias con el fin de que se fueran u ofreciendo precios de compraventa que en algunos casos cuadruplicaban el valor máximo legal establecido para una VPO.

 

Ejercer el derecho a la vivienda no es delito: la moción presentada por C’s en el Ayuntamiento de Guadalajara

 

En este marco, la estadística publicada por el CGPJ no debe sorprender a nadie. El colofón a estos atentados contra el derecho a la vivienda lo ha dado Alejandro Ruiz, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, con una propuesta claramente oportunista de ahondar en la persecución de quienes recuperan viviendas vacías ‘retenidas’ por los bancos. La moción que proponía C’s, apoyada por el PSOE con argumentos muy similares, ha hurgado en el aspecto más mediático de la recuperación de viviendas: “los problemas de convivencia”.

Si bien en Guadalajara no han existido problemas relevantes por parte de las familias que han recuperado viviendas propiedad de los bancos , la propuesta de este partido (como tantas otras que afectan a los derechos sociales) lo que realmente busca es perseguir y penalizar la lucha individual y colectiva de centenares de familias de nuesta provinciaque han sido expulsadas de sus viviendas en los últimos años y que han sido condenadas a la precariedad y a la clandestinidad, victimas inocentes del oligopolio inmobiliario y financiero. Lejos de resolver la escasez de oferta de viviendas accesibles, este tipo de propuestas lo que persigue es señalar a las familias más desfavorecidas como responsables de su situación . Una situación de extrema vulnerabilidad e inseguridad que en la mayoría de los casos, bien pudiera haberse evitado.

La lucha de la PAH en defensa del derecho a la vivienda tiene dos caminos: desde la reciente proposición de Ley que hemos llevado al Congreso de los Diputados y que ha sido admitida a trámite, que propone una batería de reformas del injusto mercado inmobiliario español, hasta la desobediencia civil frente a los abusos de los bancos y sus representantes políticos-sean del Partido que sean-, a quienes señalamos como únicos responsables de los desahucios, de la precariedad y de la ausencia de todas aquellas personas que no pudieron soportar sus ataques.

Por todas ellas, por las que no están y por nuestro futuro ,seguiremos luchando.

¡SÍ SE PUEDE!

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#SafiraSeQueda – Vamos a parar el desahucio de Safira

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Naciones Unidas acuerda solicitar a España que paralice el desahucio de Safira

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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha ordenado la paralización del desahucio de Safira, una compañera que recuperó una VPO en el Barrio de los Escritores de Guadalajara.

Safira recuperó esta vivienda tras diez años de abandono por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, que permitió que Kutxabank la adquiriera tras un proceso anterior de ejecución hipotecaria sin darle el fin social que tenía, siendo además que solo podía venderla por el valor máximo legal. Fue tras finalizar el período de protección que la entidad instó la demanda de desahucio contra nuestra compañera porque ahora sí le interesaba tener a disposición la misma, ya que podía especular con ella vendiéndola en el mercado libre.

Además, la situación personal de Safira tampoco fue tenida en cuenta por el Juzgado que tramitó la demanda de Kutxabank. Nuestra compañera es pensionista de la seguridad social y percibe unos ingresos mensuales de 370 euros, que la impiden acceder a una vivienda de cualquier forma.

Este organismo dependiente de la ONU ha determinado en una comunicación que ha sido remitida a la Junta de Castilla-La Mancha y al propio Juzgado, para que suspenda el desahucio mientras “la comunicación está siendo considerada por el Comité” o se le otorgue a Safira “una vivienda alternativa adecuada”.

El Comité solicita al Estado, a través de la administración autonómica, que tome “medidas para evitar posibles daños irreparables”, tal y como contempla el artículo cinco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que España suscribió en 1977. Además, le requieren “informaciones y observaciones relacionadas con la cuestión de la admisibilidad y el fondo de la misma”.

El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Guadalajara determinó en junio de 2018, tras una intensa campaña de acciones de la PAH en la sucursal de Kutxabank del barrio de Bardales suspender el desahucio previsto inicialmente para el día 25 de junio. Detectada la situación de vulnerabilidad de Safira, el juzgado remitió a la Junta de Castilla-La Mancha que explorara alternativas, en aplicación de un apenas conocido “Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar“, pero volvió a poner una nueva fecha de desahucio para el próximo martes 11 de septiembre.

Lo cierto es que la Junta de Castilla-La Mancha no hizo ninguna acción concreta. La remisión de esta comunicación no ha supuesto apenas ninguna actividad administrativa hasta el día de hoy, y fue el 1 de agosto de este año cuando fue remitida al Comité DESC la denuncia de la que hace pocos minutos hemos recibido respuesta, en sentido de acordar que España y la Junta de Castilla-La Mancha realicen con el Juzgado las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda de Safira, paralizando mientras tanto el desahucio.

 

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KutxaBank quiere desahuciar a Safira el 25 de Junio

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Nuestra compañera Sarifa hace cuatro años recupero y dio un uso social a una VPO que llevaba tiempo cerrada y se encontraba en una situación de abandono, en este tiempo la ha arreglado y hecho habitable ya que se encontraba en unas condiciones pésimas. En todo este tiempo nadie había mostrado interés ni por el estado ni por la titularidad de la vivienda.

Todo tiene una explicación…Kutxabank retuvo la vivienda sin ninguna preocupación del uso que se hacia de ella durante diez años, hasta que el pasado año fue descalificada como VPO y…por fin llego el momento de especular con ella y venderla en el mercado libre, momento en el que dicha entidad denuncia a nuestra compañera.

La situación actual es una orden de desahucio para el próximo 25 de Junio, desde la PAH hemos intentado contactar y ser escuchadas por los responsables de Kutxabank, que hasta el momento solo nos han dado largas y ninguna solución.

Safira tiene una discapacidad del 66% y esta gravemente enferma, recibe una pensión que no la permite acceder a un alquiler de mercado, estos hechos los conocen tanto en los juzgados como la propia entidad y aun así no acceden a sentarse a negociar un alquiler social y buscar una solución habitacional para nuestra compañera.

Desde PAH Guadalajara no vamos a permitir que Safira se quede en la calle y que Kutxabank especule con una vivienda que fue construida con un fin social y que el Estado ha permitido que Cajas y Bancos, buitres en definitiva, se enriquezcan una vez más con ellas.

#SafiraSeQueda

#SafiraVsKutxa

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El alcalde de Selas (Guadalajara) desahucia a familias del municipio

En el año 1993 Juan Julián firmó el alquiler de su casa en SELAS, su pueblo. Su casa era una de las viviendas municipales que se subastaron en la época. Desde entonces ha vivido en su pueblo junto a su compañera Mª Carmen.

Esta familia lleva luchando casi 3 años por mantenerse en su casa y en su pueblo. El alcalde Félix Martínez Sanz ha intentado echarles de su hogar utilizando la mentira y ahora utilizando los juzgados.

Esta familia, estando al corriente de pago hasta noviembre 2018 y con un contrato de alquiler en régimen de renta antigua, acude a los juzgados de Molina de Aragón denunciados por su alcalde con la amenaza de desahucio para el 17 de mayo.

La PAH de Guadalajara ponemos en relieve que este municipio tiene un total de 61 personas empadronas, de las que sólo 21 personas viven en Selas. Recordamos que la densidad de población en la comarca del Señorío de Molina- Alto Tajo es de 1,63 habitantes por kilómetro cuadrado, por lo que ha sido denominada por la prensa internacional como la “Siberia española”. Nos parece poco inteligente que un alcalde facilite la despoblación de su propio pueblo.

La PAH de Guadalajara se suma a la lucha de esta familia para mantener su hogar en Selas, en la vivienda en la que residen desde hace casi 25 años.

El miércoles 25 de abril os convocamos las 09:30 en los juzgados de Molina de Aragón (Guadalajara), C/Antonio López Ayllón Gaona, 1.

ACOMPAÑAMIENTO

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CaixaBank nos quiere presas y sin casa, ahora con Pilar

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